Academia Nacional de Medicina :Comunicado

 

anm

 

Una nueva y repudiable actuación represiva de un órgano de seguridad del estado, el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional),  ocurrió el día 30 de noviembre de 2016, violando todas las disposiciones legales, procedió a la detención arbitraria del Dr. Gonzalo Müller, Jefe del Servicio de Obstetricia y del trabajador de la salud Sr. José Luis Spitia,    miembros del personal del Hospital José Gregorio Hernández, en los Magallanes de Catia de la ciudad de  Caracas. Los detenidos injustamente, horas antes, habían recibido la donación de insumos para la salud, destinados a la atención de los enfermos recluidos en dicho hospital, que son afectados por graves  y crónicas carencias de medicamentos e insumos indispensables para la atención digna y oportuna de las personas hospitalizadas. La recepción de tales donaciones, en ningún momento y por ninguna razón constituye una conducta delictiva.

Ante este atropello, la Academia Nacional de Medicina, en uso de sus atribuciones legales como órgano del Estado venezolano creado para asesorar la aplicación de políticas de salud nacional y en cumplimiento de su función orientadora de la sociedad, ha juzgado oportuno señalar públicamente y ratificar con meridiana claridad lo siguiente:

  1. Que la profesión médica y por extensión, otras profesiones de la salud y todos los trabajadores sanitarios, reconocemos como principios fundamentales de nuestra actuación, el respeto a la vida, a la dignidad y a la integridad de la persona humana, que constituyen en todo momento y circunstancia, el deber primordial que nos obliga. Así mismo, nuestras actuaciones se fundamentan en el concepto moral de las obligaciones de consciencia. Que nuestras obligaciones nos exigen una conducta responsable y que esta se extiende al cuidado individual de nuestros pacientes y a la responsabilidad social de promover la salud de la colectividad. Así mismo, en ejercicio consciente de la corresponsabilidad entre derechos y deberes, que aceptamos como norma, nuestros deberes hacia los pacientes deben prevalecer sobre nuestros derechos, tanto individuales como gremiales.
  1. Los principios éticos que guían nuestra conducta profesional, contenidos en el Código de Deontología Médica, a saber de la no maleficencia, la beneficencia, el respeto por la autonomía del paciente, la justicia, así como la solidaridad, el compromiso y la compasión, orientan singularmente el respeto que debemos a la dignidad y a la vida de la persona humana. Igualmente hemos declarado la aceptación obligatoria de los mandatos del mencionado Código.
  1. En el ejercicio de nuestras obligaciones profesionales no hacemos distinción por razones religiosas, de nacionalidad, raza o adhesión a ideologías o a posiciones políticas ni condición social. En todo momento, aún en condiciones conflictivas, estamos obligados a asegurar la atención de los enfermos graves o en condiciones de emergencia. Ineludiblemente, debemos acatar los principios de fraternidad, libertad, justicia e igualdad y los derechos inherentes a ellos, consagrados en la Constitución Nacional, en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Declaración de Principios de los Colegios Profesionales y Sindicatos de los trabajadores de la salud de Venezuela. En consecuencia, ante situaciones de fuerza determinantes de aquellos gobiernos que desconozcan el ejercicio de la libertad y la dignidad del hombre, nos limitaremos al cumplimiento del deber profesional y podremos negarnos a obedecer leyes y disposiciones sub-legales injustas, contrarias a los valores fundamentales de la humanidad.
  1. Nuestro papel fundamental es aliviar el sufrimiento humano, sin que motivo alguno, personal, colectivo, religioso o político, nos separen de este noble objetivo. Nos está vedado participar activa o pasivamente en actos que constituyen colaboración o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la incitación a ello o el intento de cometerlo. En esta categoría incluimos el impedimento forzoso, arbitrario, continuado, público y notorio de donaciones y de ayuda humanitaria de insumos para la salud y medicamentos indispensables para la prevención de enfermedades, conservación de la salud y atención de los enfermos.
  1. Los profesionales de la salud, debemos gozar de la libertad para decidir acerca de la atención médica requerida por nuestros pacientes, al respeto de nuestro juicio clínico tanto diagnóstico como terapéutico y a la libertad prescriptiva dentro de las normas éticas y criterios científicos universalmente aceptados. Así mismo, tenemos el derecho de ejercer la profesión en forma libre, autónoma, autorregulada y sin presiones e interferencias de cualquier naturaleza, así como procurar y exigir los medios oportunos y suficientes para la atención de nuestros pacientes.
  1. Los profesionales de salud, y en particular, los médicos, debemos ser respetados y protegidos en el ejercicio de nuestras profesiones. Así, el artículo 18 del I· Convenio de Ginebra de 1949, señala que “nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos o a enfermos”. Los artículos 16 del Protocolo I· y 9 y 10 del Protocolo II·, vinculados a los Convenios de Ginebra de 1949, disponen que ¨se respetará y protegerá al personal médico¨… y “no se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera hubieran sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad”.
  1. Los médicos, otros profesionales, técnicos y trabajadores de la salud, tenemos el derecho de laborar en instituciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional, igualmente a disponer de los recursos para la práctica idónea de nuestra profesión y trabajo. La dotación de estos recursos en los hospitales públicos es responsabilidad directa e intransferible de los funcionarios del gobierno. La inédita y profunda crisis humanitaria que afecta el sistema de salud en Venezuela, en el entorno de una compleja situación de la Nación caracterizada por la destrucción institucional, conflictividad, ilegitimidad, ausencia del estado de derecho, pérdida de las libertades, condiciones inhóspitas para el ejercicio laboral, remuneraciones indignas, inseguridad personal y de bienes, desamparo jurídico, impunidad, empobrecimiento generalizado y anomia, repercute negativamente en el ejercicio de la profesiones y los trabajadores de la salud. Graves son las consecuencias que se derivan de la crisis, como la interferencia y las barreras para el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes, de los médicos y de otros trabajadores de la salud y el incumplimiento de las obligaciones del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad.
  1. Un aspecto importante en esta compleja crisis se refiere a la violencia contra los profesionales de la salud, sometidos a condiciones inhóspitas de trabajo, a ambientes inseguros, a sueldos miserables, a descalificación pública y continuada por voceros oficiales, a irrespeto y a ataques a su honra y reputación que ha obligado a muchos de ellos a emigrar. Es de destacar dentro de esas condiciones de inseguridad en que trabaja el personal de salud en los hospitales porque se encuentran a merced de grupos delictivos disfrazados de colectivos sociales; asimismo no debemos dejar de mencionar la carencia de medicamentos y comida para los hospitalizados, especialmente niños y neonatos que si no mueren, son víctimas de desnutrición progresiva que compromete su adecuado desarrollo.

Estas detenciones arbitrarias demuestran la violencia represiva del Estado que es  injustificable, desproporcionada y ruin, ejecutada mediante la detención forzosa por cuerpos de seguridad e inteligencia, que no cumplen los requisitos y los procedimientos de ley, como es una orden judicial, ni proveen las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa.

Sobre la base a estos argumentos, la Academia Nacional de Medicina, condena y rechaza la actuación ilegal de los funcionarios del SEBIN que actuaron violando los derechos fundamentales del Dr. Gonzalo Müller y del Sr. José Luis Spitia, privados ilegítimamente de su libertad por autoridades sin competencia jurídica y que fueron sometidos a tratos injustos y degradantes.

Exhortamos a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, a actuar en el ámbito de sus competencias para preservar la integridad física y garantizar los derechos procesales de todos los profesionales de la salud del país que actúan en pleno ejercicio de esta  noble profesión.

La Academia Nacional de Medicina ratifica su compromiso institucional con la posición doctrinaria y humanística que fundamenta aquellos actos profesionales, que procuran el beneficio y la solidaridad  con las personas enfermas, en el marco del Código de Deontología Médica, las leyes, los principios  rectores de la actuación profesional y los derechos fundamentales de las personas, universalmente reconocidos y se solidariza con los médicos y otros trabajadores de la salud que han sido víctimas de los abusos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, cuando actuaron valientemente, ajustados a los principios humanitarios de solidaridad con las personas afectadas en su salud.

Dado en la Ciudad de Caracas a los tres días del mes de diciembre de dos mil diez y seis.

La junta Directiva

 

 

 

 

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s